Hoy (10 de diciembre del 2018) se celebran los 70 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, pero su aplicación es una tarea difícil de cumplir por los Estados. Por ejemplo, en Ecuador, Juliana Campoverde no ha vuelto a casa desde hace seis años. Su caso ha tenido 11 fiscales. Los familiares piden que cambie esa inestabilidad. Sus derechos están en juego. La Declaratoria contiene 30 artículos y la firmó en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas. En ella se pide que los Derechos Humanos se “promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación”. Pero para los padres de Geovanna Constante, desaparecida en diciembre del 2010, la aplicación es complicada. Desde la desaparición, 16 fiscales han conocido el expediente del caso de su hija. Los familiares de personas desaparecidas exigen atención. En el país faltan investigadores especializados en esta materia. A inicios de octubre pasado, la Fiscalía reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solo Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay tienen personal exclusivo para esos casos. Y si por un caso desfilan hasta 16 fiscales, en el país hay 4,8 fiscales por 100 000 habitantes, pero la norma internacional dice que deberían ser ocho por cada 100 000. Entre el 2015 y el 2017, la Fiscalía receptó 27 666 denuncias relacionadas con delitos sexuales en contra de menores y se resolvieron 6 736. “Queremos proteger el principio del interés superior del niño en todas las actuaciones de las autoridades”, dice el representante de la Unicef en Ecuador, Juan Enrique Quiñónez. La cifra de mujeres asesinadas también es alta. Entre el 1 de enero y el 23 de noviembre, en el país se reportaron 75 hechos. La idea es que los deudos accedan al sistema judicial y a una atención prioritaria. Las autoridades dicen que trabajan en este tema, al igual que en otros como el acceso a una justicia independiente (art. 10 de la Declaración Universal de DD.HH.). En abril, Human Rights Watch dijo que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura de ese entonces interfirieron en la resolución de casos de interés político para el Gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces. Solo por el 30-S están señalados 155 jueces y 65 fiscales, porque supuestamente no actuaron bajo normas legales. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, quien cumple funciones similares, pero a nivel de las Naciones Unidas, visitaron este año Ecuador. En el caso de Lanza, lo hizo entre el 20 y el 24 de agosto para evaluar el ejercicio de este derecho y resaltó que el país vive una “transición desde el autoritarismo a un espacio cívico y democrático”. Destacó que el actual presidente, Lenín Moreno, y “su equipo de gobierno han dado los primeros pasos para adaptar el marco jurídico e institucional, así como la política de comunicación del Estado, a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Su informe será publicado a finales de este año. En esa línea también se pronunció David Kaye, relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, que en octubre llegó a Ecuador por invitación del Gobierno. El experto acogió con satisfacción y alentó “los cambios legales y de políticas emprendidos por el Gobierno ecuatoriano para promover y proteger los derechos a la libertad de opinión y expresión”. [I]
Por Diario EL Comercio
