Somos testigos de la realidad que vive el sistema educativo antes de la pandemia y ahora en pandemia; va desde el ejercicio del derecho a la educación para garantizar el acceso a todas las personas, hasta el desarrollo en cada una de las instituciones educativos, donde se visibiliza concretamente la situación que viven la trilogía: alumnos, maestros y padres de familia.
Comparando la realidad del sector educativo y las leyes que rigen para este sistema, hay mucha diferencia. La finalidad y los objetivos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural quedan en letra muerta; son enunciados que incumplen desde las mismas autoridades, pasando por todos los responsables de aplicarlas.
La Asamblea Nacional, presentó al Presidente de la República una reforma; según los legisladores, los beneficios serán para los estudiantes y los docentes: una educación de calidad incluyente; que favorezca la interculturalidad desde los saberes, el respeto y el derecho a las comunidades, pueblos y nacionalidades; eliminación de la violencia, acoso y hostigamiento escolar; la igualdad de oportunidades para acceder, movilizarse, permanecer y culminar en los servicios educativos.
La valoración de los alumnos, contando con beneficios que le favorezcan para su bienestar físico y sicológico con áreas que se encarguen de su orientación vocacional; bachilleratos con otras especialidades. A los maestros se les ofrece mejorar la remuneración, revalorizar su función y la jubilación a los 30 años sin límite de edad. Un sistema educativo organizado, asegurando la sostenibilidad financiera, con una cultura de paz como eje transversal y sobre todo la protección de derechos.
La pandemia dejó ver más visiblemente las inequidades y desigualdades de un sistema educativo que históricamente ha carecido de eficiencia, eficacia y coherencia. Los cambios no se logran únicamente con leyes, sino con la voluntad política de los gobernantes de cumplir con el derecho a la educación que manda la constitución de la república, cuya obligación es innegable para mejorar las condiciones de vida de la población y formar seres humanos con competencias académicas y con valores humanos.
La Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación; advierte que la educación debe ser más un pacto social, con la participación de muchos sectores organizados en comunidades entre los individuos, para ser un poder ante el poder de una pequeña minoría a nivel mundial que impone sus criterios. Dice: “Y para que esto cambie, se requiere que la mayoría de la población reciba educación; pero una educación con pensamiento crítico y una buena capacidad de resiliencia”.
¿Cuál será el alcance de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural si aprueba el poder ejecutivo? ¿Su aplicación seguirá condicionada por las conveniencias políticas, la corrupción, las fallas administrativas, la precarización del trabajo del docente, el bajo nivel académico y la falta de asignación del presupuesto requerido?
