Hacia el despacho de la asambleísta por Cotopaxi Carmen García, en semanas anteriores acudió el señor Santiago Vega para presentar la denuncia por oferentes hacia a la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi ELEPCO S.A.
Santiago Vega es propietario de una consultoría de trabajo de seguridad ocupacional, glosas del IESS; mismo que ha venido prestando sus servicio a la institución en mención, sin embargo, esta empresa fue contratada de manera directa por ELEPCO sin existir un proceso de contratación pública, producto de estas irregularidades hace que exista esta deuda pendiente a dicha consultoría.
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Desde el año anterior (2018) la asambleísta ha presentado las denuncias correspondientes hacia la Contraloría General del Estado (CGE) y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras dicho proceso en este 2019 el CPCCS ha emitido un informe con recomendaciones, mismo que ha sido reemitido hacia la contraloría y SERCOP.
Dentro de estas recomendaciones el CPCCS solicita a la CGE realizar una acción de control y verificación a estos procesos de contratación y valores pendientes que tendría a favor el señor Vega. Mientras tanto la SERCOP solicita una verificación los proceso de contratación pública en ELEPCO S.A.
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Posteriormente, la asambleísta Carmen García presentó a Pablo Celi, Contralor General del Estado un requerimiento de una acción de control, que puso en ejecución ya para junio de 2019 la asambleísta Garcia solicitó modificación al alcance de la orden trabajo y a finales de julio el contralor responde a la asambleísta indicando que se ha procedido a modificar el alcance del informe.
César Bedón, asesor de la asambleísta García manifiesta que los pedidos de infomación así como las denuncias hacia la CGE, no es únicamente el presentar un oficio y solicitar el examen especial, sino que debe ser sustentada las denuncias. Es por ello que al dar seguimiento el caso del señor Vega, se presenta otro elemento, cita en el periódo 2015 y 2018 se contratan consultorías directas en beneficio de una empresa «CONSULTING» (efecto contractual), fueron contratados dos veces, pero en 2015 no fue aplicada miestras que en 2018 sí, esta última es la que genera los inconvenientes conocidos en lo meses de mayo y junio de 2019, estos inconvenientes trataban de las personas que fueron contratadas y luego desvinculadas, como en la unidad de negocios del cantón La Maná que el señor Nicolay Soria fue retirado de sus funciones para ser reemplazado por otra funcionaria (ex concejal), casos similares sucede en las oficinas pincipales.
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Aparentemente, la empresa eléctrica ha intentado detener el trámite echando la culpa a la asambleísta García porque al momento de enterarse del tema, la consultoría tiene documentación en la que se indica la aplicación como una empresa pública cuando se conoce que ELEPCO S.A. es una empresa en transición y que de acuerdo a la transitoria segunda acorde la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las empresas eléctricas ya debían culminar con dicha transición y ELEPCO no lo ha hecho.
A través de solicitud hacia el Ministerio de Energía para conocer la posición jurídica que debe tener la empresa eléctrica en diferentes aspectos ya sea administrativos, financieros, jurídicos, manejo de personal y societario, se da a conocer que, en este útimo debe constar de acuerdo a la Ley de compañías y en el finaciero se debió aplicar las recomendaciones de la Ley de Compañías a través de la Superintendencia, sin embargo, para el manejo de personal se debe aplicar el código de trabajo, pero no se ha venido realizando esto.
En el año 2018 se solicitó algunos trabajadores que se cambien de régimen de código de trabajo a la LOSEP, considerando que esto es ilegal e indebido puesto que se consideraría como un despido intempestivo porque el Ministerio de trabajo asi como la ley Orgánica de Empresas Públicas dice del régimen laboral que se debe aplicar para los trabajadores es el código de trabajo, bajo esos argumentos se presenta la denuncia a la contraloría y producto de ello se obtiene la modificación al alcance.
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Bedón explica que existen falencias en el proceso administrativo en la empresa, puesto que es de conocimiento público la filtración de una resolución por parte de la Superintendencia de Compañías en la cual se indica que anteriormente ya existió un proceso de intervención en ELEPCO S.A. Por la misma Superintendencia hacia la empresa, y lamentablemente ahora ha terminado con la notificación de la resolución de liquidación por causal, ante la falta de entrega de documentación, información en los portales correspondientes de los años 2017-2018 (actual administración).
Los informes que no se han subido son: de presidencia, del comisario, auditoría interna, estados financieros, resoluciones del directorio, junta de accionistas de conocimientos y aprobación de estados financieros, auditoria externa. Además, se desconoce la contratación de la consultoría externa, (responsabilidad de la CGE de acuerdo a la ley orgánica de esta institución) sin embargo, la gestión debió haberse realizado por parte del presidente ejecutivo de ELEPCO (José Semanate) y dar a conocer a contraloría que la empresa no tenía auditoría externa correpondiente y solictar la contratación.
«Extraoficialmente se conoce que se está realizando una auditoria interna en ELEPCO S.A. solicitada por el presidente porque el libro de acciones de la empresa está desaparecido, esto daría cuenta de la documentación que no se pudo presentar a la Superintendencia de Compañías» expresó Bedón.
La perdida de este libro de acciones, acarrearía justamente el no tener los informes, documentación, y en sí la vida diaria de la institución, no tiene documentación de legalidad lo que si podría llevar a la liquidación.
Si fuese el caso los representantes de la empresa debían presentar la denuncia ante la Fiscalía, pero no lo han hecho. El presidente ejecutivo de le empresa aún no ha brindado declaraciones sobre el tema.[I]
