El jefe de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, anunció la separación de la asambleísta rebelde Mireya Pazmiño del bloque legislativo por desobedecer la decisión del movimiento sobre el juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Quishpe precisó que, como bancada, el juicio político debe ser contra los siete integrantes del Cpccs, no solamente contra la mayoría gobiernista liderada por Hernán Ulloa. «Debe ser a todos, más aún cuando salvar a unos consejeros es un cálculo político del correísmo y del PSC», dijo
Para Quishpe y los demás legisladores del PK, el actuar de Pazmiño beneficiaría a la bancada de la Unión por la Esperanza para lograr una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y obtener más espacios de poder.
«(El correísmo) no está pensando en corregir los errores del Consejo, sino cómo recuperar esa mayoría para designar a las autoridades de control. Pachakutik no se puede prestar para seguir tapando los actos de corrupción de la década pasada», apuntó Quishpe.
Radio La Calle no logró contactarse con la parlamentaria Pazmiño. Sin embargo, se comunicó con su homólogo (r) Peter Calo, quien se solidarizó con su colega y aclaró que por el momento se trata de una supuesta expulsión. Añadió que debe seguirse un debido proceso dentro de la organización política para llegar a esta resolución.
«Rechazo contundentemente estas acciones y posiciones que toman algunos asambleístas del movimiento contra la compañera Mireya Pazmiño. Esta decisión no es coherente y para nada saludable a nuestro bloque», enfatizó Calo.
Finalmente, agregó que desconoce si la expulsión de Pazmiño tiene el respaldo del coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi. Aseguró que la situación de Pachakutik necesita una nueva jefatura: «Necesitamos un compañero/a que conduzca al PK un camino distinto, alternativo y de cambio, que busque la equidad, la justicia y la libertad de los ecuatorianos».
El 15 de noviembre, la asambleísta presentó la moción de juicio político contra los cuatro consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la solicitud de juicio político contra la mayoría gobiernista del Cpccs con 84 votos afirmativos, 32 negativos y 9 abstenciones.
Tras esta decisión del Pleno, se archivó la solicitud de los asambleístas de Pachakutik, Ricardo Vanegas y José Chimbo para enjuiciar a los siete consejeros. De esta manera quedaron fuera de la interpelación David Rosero, Juan Xavier Dávalos y Sofía Almeida.
La causal del enjuiciamiento sería el incumplimiento de funciones. Por un lado, la acusación de modificar reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado. También la falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial, se presume que hubo diálogos con uno de los candidatos.
