El exministro Iván Espinel enfrenta un nuevo proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía General del Estado, no pudo justificar USD 490 000 que ingresaron a sus cuentas bancarias durante su gestión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre el 2012 y el 2014. Por eso la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra Espinel, quien ocupó la cartera de de Inclusión Económica en el Gobierno y fue candidato presidencial en el 2017 por el Movimiento Fuerza Compromiso Social. La mañana de este martes 20 de noviembre de 2018, la jueza Ana Veintimilla aceptó el pedido y dictó prisión preventiva en su contra. La diligencia se realizó desde las 09:30 hasta las 13:00 en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón (Guayas).
Veintimilla pidió también la enajenación de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Espinel. El fiscal Juan Carlos Zúñiga dijo que Espinel habría usado el dinero para la compra de una casa en USD 370 000, el pago de tarjetas de crédito y la adquisición de un vehículo valorado en USD 30 000. “Esta investigación parte de un informe con responsabilidad penal que realizó la Contraloría General del Estado a las declaraciones juramentadas que entregó Espinel”, dijo Zúñiga. Este es el tercer proceso que enfrenta. Espinel actualmente se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil por el delito de lavado de activos. El pasado 21 de septiembre de 2018 el juez Francisco Mendoza levantó la medida sustitutiva del uso de grillete electrónico y ordenó otra vez detención. El otro caso es por peculado. En esta investigación, la Contraloría determinó perjuicios económicos en la facturación y pagos a clínicas privadas que prestaban servicios al IESS cuando Espinel se desempeñaba como subdirector de Control de Seguros y director Provincial de esa entidad. El abogado de Espinel, César García, señaló que el proceso por enriquecimiento ilícito constituye «una doble acusación», ya que en el caso de supuesto peculado en el IESS ya se lo investiga por supuestos contratos en la función pública. [I]
Por: El comercio
