A través de un carta pública, emitida el 06 de enero de 2022 en la ciudad de Quito, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, exhorta varias acciones que deben efectuarse, tras la presencia de la variante ómicron en el país, el documento fue sumillado por Fernando Sacoto, presidente nacional y enfatiza lo siguiente:
- Como es de dominio general, la situación epidemiológica del país es preocupante, por la circulación
comunitaria de la variante Ómicron, en un contexto mundial de similares apremios. - Si bien el explosivo crecimiento de casos tendría un impacto atenuado sobre la mortalidad, gracias a las
características de la variante, a la protección de las vacunas y un mejor manejo clínico de pacientes, puede en
cambio desbordar los servicios de salud, por una súbita demanda de atención. - En Ecuador existe reconocimiento del exitoso proceso gubernamental de vacunación -sobre todo al inicio-
siendo necesario intensificarlo para lograr altas coberturas con 2das y 3eras dosis, superando desigualdades en
provincias y sectores rurales con porcentajes aún bajos. Debe, en todo caso, revisarse permanentemente
protocolos de acción, según reportes de eficacia de las vacunas. - Aun con los niveles alcanzados, la vacunación –estrategia priorizada en la pandemia- es insuficiente para
enfrentar la situación actual, por lo que, desde la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública instamos al gobierno a
un cambio de estrategia para su control, tanto en el MSP como en el IESS, no concentrándose sobre todo en
hospitales, sino también asegurando una respuesta eficaz de servicios primarios de salud fortalecidos, que
propicien una dinámica familiar comunitaria de autocuidado, prevención y contención. En toda la red de servicios
es necesario priorizar la atención de pacientes con factores de riesgo (hipertensión, diabetes, obesidad…) para
disminuir su vulnerabilidad y riesgo de casos graves o fatales. - El fortalecimiento de servicios primarios permitirá institucionalizar un diligente sistema de vigilancia
epidemiológica, con capacidad potenciada de prevención, oportuna detección y aislamiento de casos y
contactos, debidamente definidos y clasificados. Para tal fin las pruebas diagnósticas son de gran utilidad, por lo
que el Estado debe asegurar su acceso a la población, entregándolas directamente, o facilitando su provisión,
condiciones y costos, debidamente regulados, a través de otras redes de atención, e incluso mediante
adquisición de instituciones o personas. - Otro tema pendiente, claramente evidenciado en la pandemia, es iniciar la construcción de un real Sistema
Nacional de Salud, a fin de sinergizar capacidades institucionales y optimizar el uso de recursos, por ejemplo, en
el primer nivel, articulando acciones con el Seguro Social Campesino. - El MSP debe liderar la acción del COE Nacional, suministrando oportunamente información epidemiológica
útil para una correcta toma de decisiones (sin descartar confinamientos) y propiciar mejor coordinación con GAD
cantonales y COE locales. En tal contexto, evaluar sistemáticamente acciones de control, por ejemplo, en
aeropuertos o fronteras, de las que se desconoce sus resultados. Compartir, asimismo, información actualizada
con grupos de expertos para investigación y generación de evidencias. - La gestión de la salud pública, en general, y de la pandemia, en particular, se ve obstaculizada por la absurda
zonificación territorial instaurada en 2012, cuando se eliminaron las provincias como centros administrativos,
creando coordinaciones zonales lejanas a la dinámica poblacional lo que determina, por ejemplo, que las
medicinas o vacunas destinadas a Cayambe, Puerto Quito y demás cantones rurales de Pichincha deban ser
suministradas desde Tena, o que la gestión de Galápagos o Guaranda sea “conducida” desde Milagro. Conspira
también la falta de correspondencia entre la información generada en zonas y distritos, con los reportes oficiales
del INEC, por parroquias, cantones y provincias. Al parecer las autoridades de gobierno o desconocen este
despropósito, no dimensionan sus efectos negativos, o no tienen la voluntad política para cambiarlo.