El pedido de juicio político contra Diana Salazar no fue calificado en la Comisión de Fiscalización.
Punto Noticias.- El juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, «se cayó» en la Comisión de Fiscalización. La mesa legislativa no calificó el trámite en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía.
En medio de gritos, señalamientos y constantes interrupciones, los comisionados avocaron conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CA), para retomar el proceso de fiscalización contra Diana Salazar.
Sin embargo, en una atropellada sesión, los integrantes de la comisión no lograron calificar este pedido, tras la moción de la asambleísta Pamela Aguirre (RC), para dar paso a la solicitud presentada por la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana.
En la votación hubo cuatro votos en contra y cinco votos a favor.
Pese a que no se calificó este pedido, aún quedaba una solicitud realizada por el asambleísta Héctor Valladares, también de la RC.
De hecho, este fue el argumento que usaron los comisionados de la Revolución Ciudadana como Sofía Espín, Lenin Barreto, Ronal González y Pamela Aguirre.
Los parlamentarios alegaron que se debía votar por la calificación y unificación de ambos pedidos de juicio político, pero esto no procedió.
El asambleísta mocionó unificar los pedidos de Garzón y Valladares. La misma se aceptó con cinco votos a favor, ya sin la presencia de los legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes abandonaron la sala.
Luego, César Umajinga presentó una nueva moción para calificar estos dos pedidos, pero se rechazó con cinco votos a favor. Y, nuevamente, no se calificó el trámite contra Diana Salazar.
El pedido de retomar este juicio político lo hizo la misma fiscal general de la Nación, luego de que el pasado 19 de agosto, notificó al Legislativo sobre la actualización de su estado de salud, respecto con su embarazo.
El 4 de septiembre, el CAL resolvió aceptar el pedido y trasladar el trámite a la Comisión de Fiscalización.
Incidentes
Antes de arrancar con el primer punto del orden del día, el asambleísta aliado de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN), César Umajinga, apeló la Presidencia a Pamela Aguirre.
Según él, la presidenta de la mesa, no convocó con anterioridad a esta sesión, dando paso a una sanción económica por parte del juez Romero.
Pamela Aguirre defendió que ni siquiera ha iniciado el debate y los argumentos del legislador no tienen que ver con la Ley de la Función Legislativa.
Esta acción generó discusión entre los legisladores. La sesión se suspendió por minutos.
Posteriormente, se retomó con la apelación a la Presidencia de Aguirre, misma que se aceptó con 5 votos a favor y 4 en contra. El vicepresidente Luis Alvarado asumió la dirección de la sesión.
Acción de protección
La Comisión de Fiscalización también decidió acatar y cumplir con la sentencia del juez Edgar Romero, quien aceptó la acción de protección y dispuso reactivar tres juicios políticos archivados, contra:
Pablo Arosemena, exministro de Economía
Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior
Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública.
Fuente, Radio Pichincha
