La relación entre la Asamblea y el Ejecutivo cada vez se deteriora más. Las autoridades de ambas partes emiten declaraciones atacando al otro poder del Estado y las acusaciones van y vienen. Sin embargo, este 8 de julio de 2024, sí hubo coincidencias, el pleno del Legislativo aprobó la ley para la aplicación de la consulta popular, con el aumento de penas, tal como propuso el presidente Daniel Noboa.
El voto fue unánime, los 132 asambleístas presentes apoyaron el proyecto de ley. Es decir, hubo el respaldo de todas las bancadas, a pesar de que el presidente Daniel Noboa acusó a la Asamblea de plantear la reducción las penas, respecto a su propuesta.
La decisión de incrementar los años de prisión para ciertos delitos se desprende de la voluntad expresada en la consulta popular del pasado 21 de abril de 2024, cuando una amplia mayoría se pronunció a favor.
Sin embargo, en el anexo de la pregunta constaba que el Mandatario enviaría la propuesta de ley que establece las reformas al Código Orgánico Integral Penal con las nuevas penas para los delitos:
Comparativo del incremento de penas
Tabla con 3 columnas y 24 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 10.
PenasCOIP vigenteIncremento de penas
Trata de personas13-16 años16-19 años
Trata de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria.16-19 años19-22 años
Trata de personas, cuando provoca en la víctima un daño sicológico.19-22 años22-26 años
Trata de personas, cuando se produce la muerte de la víctima.22-26 años26-30 años
Asesinato22-26 años26-30 años
Sicariato22-26 años26-30 años
Promoción de sicariato5-7 años7-10 años
Secuestro extorsivo10-13 años13-16 años
Secuestro que implica muerte22-26 años26-30 años
Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización7-10 años13-10 años
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Expertos consideran que la propuesta del Ejecutivo, ratificada por el Legislativo, no tuvo sustento técnico y que, por el contrario, hubo un tratamiento populista.
¿En qué base legal o estudio se sustenta el endurecimiento de penas?
El abogado constitucionalista, André Benavides, dice que el proyecto de ley aprobado por el Legislativo tiene varios vicios porque las penas no cumplen criterios de dosimetría, contrario a la Constitución de la República, en la que consta que «la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza».
Explica que cuando una persona comete un delito, el castigo va de acuerdo a la gravedad de la infracción, es decir, por ejemplo, no puede ser la misma pena para un femicidio que para el daño a la honra de una persona.
Estas observaciones también se recogieron en la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum. El 3 de junio de 2024, expertos en derecho cuestionaron el tratamiento que se había dado al tema.
El abogado constitucionalista, Paúl Córdova, sugirió aplicar la dosimetría penal, en función de estándares convencionales y pronunciamientos de la Corte Consitucional.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, consultó cuál es la base legal o el estudio crciminológico que sustenta le incremento de hasta un 319 % de la pena, como es el caso del delito de financiación de terrorismo.
Los asambleístas que participaron en esa comisión defendían la propuesta señalando que no hay una métrica en la ley que establezca un aumento proporcional, en caso de que se incremente determinado delito.
El aumento de penas no es garantía de que menos personas delincan
Para Benavides, el relacionar el aumento de penas con una disminución de los delitos es parte del populismo penal. Para los políticos, resulta rentable emitir un discurso punitivo contra los delincuentes y así conseguir más adeptos.
Sin embargo, Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, dice que no hay ningún estudio que demuestre que mientras más se endurezcan las penas haya menos cometimiento de los delitos.
Explica que la política pública debería enfocarse en la prevención. Por ejemplo, evitar a toda costa que los jóvenes se relacionen con bandas de delincuencia organizada, en el consumo o en las estructuras de delitos menores como el microtráfico de droga o el robo.
En eso coincide Daniel Pontón, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, quien aseguró, delante de la comisión de la Asamblea, que en Ecuador, más allá del incremento de penas, se requiere efectividad de la justicia.
Pinto recuerda que los centros penitenciarios son lugares donde opera la criminalidad, y que el Estado no es capaz de controlar, o sea, están lejos de ser centros de verdadera rehabilitación. En esa línea, cree que generar una ley que aumente los años de prisión puede debilitar más al sistema carcelario, que tampoco tiene los recursos para garantizar la alimentación y vida digna de los presos.
FUENTE:Ecuavisa
