Un informe del Ministerio de Salud (MSP), entregado al SNAI, revela que Jorge Glas ha recibido 79 atenciones médicas durante su reclusicón en la cárcel La Roca, según reveló el portal Primicias este jueves 5 de julio del 2024.
La nota de prensa señala que en total, desde el 6 de abril hasta el pasado 2 de julio, Glas ha recibido 79 atenciones médicas, que incluyen visitas de medicina general, y de especialidades como reumatología, neumología, cardiología y psicológica.
Glas se declaró en huelga de hambre tras su internamiento en el centro penitenciario de Guayaquil, pero mientras estuvo sin comer, las evaluaciones médicas son similares y dicen lo siguiente: «Paciente estable, con buena implantación de cuero cabelludo, activo, afebril y orientado«.
Entre abril, mayo y junio, según el reporte del MSP, Glas ha recibido asistencia médica y psicológica, casi todos los días, es decir, al menos casi 50 visitas de doctores.
También se la ha suministrado medicación para sus patologías preexistentes y hasta vitaminas vía intravenosa, mientras estuvo en huelga de hambre.
Finalmente, el pasado 29 de mayo, Glas informó a los doctores y personal del SNAI que decidió finalizar su huelga.
Carta por libertad de Jorge Glas
El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Alberto Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras) encabezaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su intervención en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Entre las más de 60 personalidades que firman la misiva también están el exjuez español Baltasar Garzón, la exministra española y actual eurodiputada por el partido de izquierda Podemos Irene Montero, el excanciller boliviano Fernando Huanacuni y la exministra peruana Aída García-Naranjo.
El documento fue enviado a la CIDH en las vísperas del periodo de sesiones que celebrará en Nueva York del 8 al 19 de julio para solicitar que ordene la libertad para Glas, exvicepresidente de Rafael Correa detenido el pasado 5 de abril tras la toma por asalto por parte de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, después que el Gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo.
Además, en la misiva se pide también el reconocimiento del asilo diplomático que le otorgó el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
También pidió la ampliación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2019 por las condiciones del encarcelamiento que en ese momento también seguía Glas y la visita de una delegación de la Comisión a Ecuador para elaborar un informe especial «sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glas«.
«Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región, a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la CIDH cumpla con su papel y contribuya a que se repare el grave daño cometido contra Jorge Glas, el derecho internacional y paz y seguridad de América Latina y el Caribe», apostilló.
Condenas pendientes
En prisión debe terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por corrupción (cohecho y asociación ilícita), emitidas en 2017 y 2020, respectivamente.
Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa (2007-2017), y entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.
FUENTE: Teleamazonas
