En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay incertidumbre por si se pueda realizar la consulta popular y el referéndum el próximo 21 de abril. La falta de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas pone en riesgo el referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa
El calendario electoral tiene siete días de retraso debido a la falta de recursos. De hecho, de los 60 millones que se presupuestaron, el CNE únicamente recibirá 40 millones de dólares. En el interior del organismo están preocupados por el desarrollo de la consulta.
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Según el consejero José Cabrera, la falta de recursos retrasa las contrataciones y pone en riesgo el proceso electoral. Sostiene que el Ministerio de Finanzas redujo el presupuesto de forma «unilateral, inconstitucional y arbitrariamente».
La presidenta del organismo Diana Atamaint señala que la falta de dinero genera un retraso de siete días en el calendario electoral. «Hasta ahora apenas tenemos la certificación por 29 millones de dólares«, dijo.
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La funcionaria añadió que hasta este jueves 7 de marzo del 2024, el CNE ya debía entregar los anticipos de los contratos con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el IGM y la empresa integradora de los paquetes electorales.
Atamaint aclara que el 11 de marzo debía empezar el proceso de inscripción de papeletas electorales. Según el calendario electoral la consulta será el próximo 21 de abril.
Los Consejeros adelantan que no se puede suspender la consulta popular y el referéndum, pues es ilegal. Sin embargo, se pueden tomar otras alternativas. Cabrera dice que se puede argumentar temas de falta mayor.
Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, explica que el tema se puede resolver con diálogo. «Los rubros más altos que maneja el CNE son pagos a instituciones del Estado», dice. Por ello, se podría llegar a convenios entre las entidades para que los pagos se triangule.
Actualmente el CNE aún mantiene deudas con proveedores por los procesos electorales de 2023. A los medios de comunicación se les adeuda 6 millones de dólares, 7 a las Fuerzas Armadas y 7,5 millones al IGM. Además, los miembros de las Juntas receptoras del voto tampoco se les ha pagado la compensación.
Según Oleas, otra alternativa es que el mandatario desista de la consulta y que el contenido de las 11 preguntas se tramite mediante la Asamblea Nacional.
Fuente: Teleamazonas
