Los datos del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de ecuatorianos durante los últimos meses, dan cuenta que 32 de cada 100 ecuatorianos están en la pobreza, viven con 2 dólares 80 centavos al día; y, 15 de cada 100 están en la extrema pobreza o indigencia, viven con un ingreso de 1 dólar 50 centavos al día; grupos que no disponen de los recursos que les permita satisfacer las necesidades básicas de alimentación.
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, del 2010 al 2017, decreció paulatinamente el porcentaje de personas en indigencia y pobreza; pero del 2018 al 2019 se incrementó hasta llegar a niveles de antes del año 2007; una de las causas es la pandemia que ha golpeado a todos los ecuatorianos en una y otra forma.
En un Estado de derecho, regido por un marco jurídico, fruto de una constitución suprema que obliga a los gobernantes su aplicación con carácter general y obligatorio; tiene el deber y la responsabilidad de generar mecanismos para atender a los grupos vulnerables en el corto plazo, aplicando una planificación para en el mediano y largo plazo y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida en sus derechos básicos.
Los subsidios, bonos y cualquier otra forma de ayuda, deben ser concedidos para poco tiempo y no implantados en forma permanente como una política de gobierno; iniciativa que es utilizada como clientelismo en campaña electoral. Enseñan a extender la mano como mendigos. Estos bonos, deberían ser invertidos en iniciativas productivas individuales o comunitarias más no para que sea dinero de bolsillo como paliativo y dependencia. Hay que enseñar a pescar y no dar el pescado.
El principio de subsidiaridad, aplicable a los estados nación para el bien común, protege a las personas de los abusos de instancias superiores; no quiere decir burocratización o asistencialismos, porque provoca la pérdida de las energías individuales y colectivas, con el aumento exagerado de instituciones y funcionarios. Tampoco debe quitar responsabilidad a la participación del sector privado y comunitario cuya obligación también recae en ellos.
El otro extremo es que el sector privado le quite las competencias al Estado encargado de regular sus actividades; esas expresiones encontramos en el liberalismo y en el neoliberalismo, formas de libre mercado y de libertad económica con la mínima intervención estatal. Su doctrina se fundamente en la libertad de actuar sin que existan leyes que les impida y el trabajo es una mercancía para obtener solo ganancias.
En un Estado de derecho, los gobernantes son los responsables de aplicar las leyes de país y los tratados internacionales, para que los sectores público y privado trabajen en conjunto para evitar las inequidades, mejorando las condiciones de vida de los grupos golpeados por la pobreza e indigencia.[O] Mcs. Eduardo Guerrero
