Mgs. Eduardo Guerrero Guevara
La presencia de la pandemia ha causado una serie de problemas para el mundo, las economías de los países se desploman, ha crecido el desempleo y la pobreza, miles de personas han muerto o sufren las secuelas de la enfermedad, el sistema de salud pública no es eficiente, las autoridades no han respondido competentemente a la crisis sanitaria. Los indicadores sociales y económicos son alarmantes.
Uno de los derechos fundamentales del ser humano, es el derecho a la salud, que es el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de salud de calidad suficiente; el goce de salud es fundamental para tener una vida plena en buenas condiciones. Las políticas públicas y económicas deben garantizarla y no deben ir en su contra.
La pandemia deja ver lo contrario, muestra un sistema de salud pública con dificultades, carente de una planificación adecuada y con un bajo presupuesto; así lo demuestra el drama humano que pasan miles de personas al no poder acceder a sus servicios enfrentando hasta la muerte.
La pandemia es un gran negocio para las empresas farmacéuticas encargadas de fabricar los medicamentos, insumos médicos y las mismas vacunas. La salud ha pasado a ser un negocio, ya no un derecho. La persona no es un paciente, sino es cliente consumidor. Basta un botón de muestra, desde hace unos meses ha crecido el número de farmacias y laboratorios clínicos.
Las páginas de internet dan cuenta que la enfermedad impulsó las ganancias de las farmacéuticas por la demanda de los medicamentos y por la fabricación de las vacunas. Algunas de ellas logran beneficios de más del 200%; los valores de sus acciones subieron en las bolsas de valores. Según medios especializados, indican que los medicamentos fabricados, entre el valor de los insumos, la distribución y el márquetin, representa aproximadamente un 50% del valor real, el resto es la gran utilidad.
Algunas voces han manifestado que la vacuna sea bien público, es decir un beneficio de la humanidad administrado por el Estado para el bienestar de los ciudadanos; argumentando que el bien superior es el derecho a la salud y que las medicinas no pueden ser usadas como mercancía en desmedro de las personas que no tiene una buena calidad de vida.
Para impedir que la pandemia agrave la desigualdad entre los ricos y pobres, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, propone que se imponga un impuesto solidario sobre las riquezas a quienes se han beneficiado durante la pandemia; esto reduciría las desigualdades extremas; es decir a las mismas farmacéuticas.
La salud del pueblo no es un negocio(O)