Opinión
Mgs. Eduardo Guerrero
La emergencia sanitaria por la pandemia, visibiliza con más realismo las desigualdades en el sector educativo; es como una radiografía de la situación de exclusión de amplios sectores sociales al derecho a la educación. Desde los planes y programas escolares uniformados para todo el país sin importar las realidades, hasta el acceso a las tecnologías de la información comunicación que apoyan al proceso de enseñanza – aprendizaje.
Según datos de prensa, alrededor de dos millones de estudiantes terminarán el año escolar en la Sierra y Amazonía desde sus lugares de residencia; de los cuáles se estima que un millón no tiene acceso a la educación virtual. Las estadísticas indicaban que es un número menor; claro que sí, porque fueron hechas en los sectores urbanos. En el sector rural es un porcentaje mayor.
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Comunidades sin acceso a las proveedoras de internet y telefonía celular, sumidos en la pobreza sin dinero para contar con datos en sus celulares y acceder a internet domiciliario, no tienen computadoras, deben caminar varios kilómetros para tener señal de celular, con teléfonos antiguos, ocupados en sus actividades del campo. Sus familiares con un nivel bajo de preparación para ayudarles en sus tareas virtuales.
La educación a distancia es palabra mayor; se trata de adaptar el sistema educativo ecuatoriano a esa modalidad; pero las dificultades están a la vista. Los docentes hacen lo posible e imposible en cumplir con los contenidos del pensum de estudios; los alumnos igualmente.
Una mayor dificultad es el acceso al internet, a las redes sociales y a las plataformas de teleeducación; se necesita contar con acceso permanente al internet, esto obliga a contratar a las empresas proveedoras paquetes de datos para el celular o para la computadora. Una familia mediana o de bajos recursos económicos es inaccesible.
Por lo menos se aplicó el artículo 74 numeral 3 de la Ley Orgánica de Comunicación, donde la radio y la televisión deben ceder una hora diaria gratuita para programa de teleeducación; en ese espacio se transmite EDUCA del Ministerio de Educación; que no son clases, sino apoyos educativos.
Bajo los principios y normas de responsabilidad social de toda empresa; los proveedores de telefonía celular y de internet; deberían contribuir a la educación con planes gratuitos para los estudiantes que por su condición socioeconómica no cuentan con recursos para continuar sus estudios por las circunstancias indicadas.
Las ganancias de éste sector de las telecomunicaciones, en condiciones normales y por la pandemia, debieron haber subido considerablemente; apelemos a su buen corazón, que sí deben tenerlo, pidamos al gobierno nacional que vele por los intereses de los marginados del derecho irrenunciable a la educación y tutelado por el Estado; pidan a este sector que se unan a la responsabilidad social.
