La obra de “El Molinero” es un paso a desnivel ubicada en el barrio San Felipe de la ciudad de Latacunga, esta obra fue realizada en la administración de Patricio Sánchez (2014-2019) con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular, la misma que desde sus inicios presentó inconsistencias.
Alberto Salvador quien es miembro de Foro Latacunga explicó que de acuerdo a la planificación nacional en coordinación con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) los gobiernos municipales y provinciales tienen la obligación de formular una planificación territorial esta planificación se lo hizo para los años 2016 a 2028.
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Salvador como representante de la ciudadanía formó parte de la mesa de planificación cantonal, en dichas reuniones participaba el personal técnico del municipio, ese comité estaba conformado por 10 personas de las cuales seis eran del sector público y cuatro de la ciudadanía.
Patricio Sánchez presidía la representación del sector público en conjunto a un representante del concejo, sin embargo, no asistían a las reuniones, únicamente inauguraban el acto y se retiraban, estas reuniones en ocasiones tenían una duración de ocho a diez horas.
Una vez culminada la planificación en el área de movilidad se analizó la posibilidad de un distribuidor de tráfico en el sector llamado “el molinero” con un presupuesto estimado de $100.000 dólares.
En el año 2016 sin una consulta previa el alcalde y sin tomar en cuenta a los concejales resolvió convertirlo en un paso a desnivel y solicitó la contratación directamente sin licitación a la consultoría para diseñar un paso a desnivel.
El proyecto fue aprobado y el concejo aprobó un presupuesto, contrato a norma porque sólo contaba con $100.000, le pusieron presupuesto que llego aproximadamente a 2 millones lo que evidenciaba que había una irregularidad, se llamó a licitación para lo que hubo un solo contratista interesado quien calificó, reconociendo existencia de anomalías en el proceso y el 5 de septiembre del año 2017 firmaron un contacto.
Foro Latacunga decidió luchar contra la corrupción en ese momento se convocó para que todos se unan en esta lucha del presidente de la República Lenin Moreno, se tomó como primer caso el Molinero, se realizó análisis a todo el proceso de licitación, el proceso en el SERCOP y el contrato firmado, con estas pruebas realizaron una denuncia la misma que fue presentada en diciembre de ese año a la Contraloría General del Estado solicitando una auditoria para este proceso. Con este antecedente se conformó el colectivo El Molinero con 93 participantes, en una asamblea de 200 moradores resolvieron que esta obra no era una prioridad para el barrio, le notificaron al alcalde, hubo 980 firmas adicionales que, mantenían que la obra no era una prioridad, el barrio demandaba colectores de lluvia.
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Esta obra estaba planificada para nueve meses lo que culminó en 18 con inconvenientes en redes de agua potable.
El colectivo el Molinero presentó una acción de protección en contra del municipio y el contratista debido a que se vulneraron derechos individuales de los habitantes, el Juez Marcelo Jácome concedió cinco derechos vulnerados incluyendo los derechos de la naturaleza, por tal motivo la obra se tardaba puesto que no había una solución a los requerimientos técnicos.
En febrero de 2019 la obra fue aperturada, hasta el momento la acción de protección continúa, el Juez evidenció que existen muchas inconsistencias, no existe garantía para los peatones, no existe vía para ciclistas, no existe garantías para los transeúntes por lo que dispuso desde la anterior administración la construcción de la acera en el tramo del cementerio.
Byron Cárdenas acepto la construcción de esta acera para lo que moradores acordaron que se realice un movimiento de las tumbas que se encuentran en el sector de la vía.
Correspondiente a la denuncia presentada en controlaría, el informe emitido dispuso la destitución de Patricio Sánchez con una multa de $7.500 como responsabilidad administrativa.
Actualmente existe una disposición en fiscalía que es abrir una investigación contra Patricio Sánchez ex alcalde, Limber Torres ex procurador síndico, presidente de la comisión, fiscalizadora del proyecto y dos funcionarios que eran parte de la comisión, en caso de ser encontrados culpables por tráfico de influencias enfrentarán una pena de tres a cinco años de prisión.
Con estos antecedentes se crea un precedente a las nuevas autoridades y las que asumirán el cargo que la ciudadanía tiene la potestad de llevarlos ante la justicia.[I]
