La solicitud de hábeas corpus pedida por la defensa de Jorge Glas, a la Función Judicial de la provincia de Cotopaxi, fue negada la noche de este jueves 25 de octubre del 2018. Luego de cinco horas de audiencia en una de las salas del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga, el juez de garantías penales, Vinicio Santamaría, no dio paso al pedido realizado por el jurista Harrison Salcedo. La solicitud se realizó luego de que Glas fuera trasladado desde la Cárcel 4 de Quito, hasta el CRS de Latacunga la noche del domingo, 21 de octubre. El Gobierno informó que la movilización del privado de la libertad se realizó con base en un informe de Inteligencia, que recomendaba la reubicación por razones de seguridad. Según se dijo, el pedido de hábeas corpus se argumenta por el presunto mal estado de salud de Glas. Los abogados del exvicepresidente indicaron que padece de una gastritis crónica y de hipertensión. “La huelga de hambre le está afectando a muchas enfermedades graves y degenerando su salud. En cuatro días de estadía los médicos le visitaron 18 veces”. El abogado indicó que en la audiencia los funcionarios del Ministerio de Justicia reconocieron que no tienen los equipos médicos en la cárcel para tratar las dolencias del exvicepresidente. “El juez no aceptó el pedido de hábeas corpus y dictó medidas cautelares diciendo que tienen que velar por la integridad y salud del exvicepresidente. Es decir, viola su rol constitucional de protección, de prevenir y va actuar cuando ya pase, si lo extorsionan, si lo matan o está herido de gravedad, ahí le trasladarán a otro lugar”, aseguró Salcedo. Según se pudo conocer en la comparecencia estuvieron el personal médico y el director del CRS de Cotopaxi. Jorge Glas se encuentra detenido desde el 2 de octubre del 2017 por la trama de corrupción del caso Odebrecht. En diciembre del 2017 fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita, en una sentencia en la cual los jueces pidieron a la Fiscalía que también los investiguen por presunto cohecho, concusión, testaferrismo, peculado y lavado de activos.
Por Diario EL Comercio
